Los socialistas de Castilla-La Mancha prometen revocar los cambios en la Ley de Dependencia si llegan a gobernar. Son la primera federación del PSOE que se compromete de forma oficial

"No se puede legislar en un tema tan delicado como la dependencia a golpe de decreto y de orden". Ésta es la idea que ha llevado al PSOE de Castilla-La Mancha a adquirir un compromiso con los representantes de la Plataforma de la Dependencia de esta comunidad: si llegan al gobierno en 2015, una de sus primeras medidas consistirá en 'dar la vuelta' a todos los cambios llevados a cabo en esta materia por el Ejecutivo de Cospedal.

Según explica el diputado regional Fernando Mora (PSOE) a El Confidencial Autonómico, la “disminución en calidad y cantidad” de las ayudas a la dependencia que está teniendo lugar en Castilla-La Mancha es “inadmisible”.

En la reunión que han mantenido los socialistas con la Plataforma de la Dependencia, presidida por José Luis Sánchez Ocaña, se ha llegado a un compromiso en firme: “Revisaremos y ‘daremos la vuelta’ a los recortes y cambios que ha introducido Cospedal”, ha explicado Mora.

Con este acuerdo, el PSOE castellano-manchego se convierte en la primera federación regional de España que oficializa un compromiso legislativo explícito en materia de dependencia. Ferraz, a nivel nacional, ha prometido que revocará la reforma laboral, la LOMCE y eliminará la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

El otro gran acuerdo que se ha materializado ha sido una petición de comparecencia del consejero de Sanidad y Asuntos Sociales, José Ignacio Echániz, que los socialistas ya han registrado en las Cortes.

El objetivo es que explique “los motivos y el alcance” de la orden que se publicó el pasado mes de agosto que determina quiénes pueden optar a qué ayudas en materia de dependencia en la autonomía.

Los números de la dependencia

Se calcula que hay unos 60.000 dependientes en Castilla-La Mancha y que menos de la mitad de ellos, unos 25.000, han sido beneficiarios de ayudas entre 2010 y 2012.

Quienes ya tuvieran reconocida su situación y grado antes del 15 de julio de 2012 –fecha de entrada en vigor del decreto Ley 20/2012– están dentro de una clasificación más amplia.

Tras el decreto, se redujo el número de grados a tan sólo tres y muchas personas quedaron fuera del espectro de ayudas, que también han disminuido en cuantía.

 

Los representantes de los dependientes denuncian que tras la orden publicada en el verano se han sustituido determinadas ayudas económicas por márgenes de entre 20 y 24 horas al mes de ayuda a domicilio, un servicio “insuficiente” que “ya es de copago”, precisan, y que hay personas que no pueden costear.

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