Sin medios económicos y con el centro de decisión trasladado a la península, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad en las Islas Canarias experimentan una sensación de "estupor, impotencia y colapso"

La crisis humanitaria generada por la inmigración irregular en Canarias lleva camino de cronificarse, pero esto no hace que la situación resulte menos tensa o soportable para el archipiélago. El último incidente con fallecidos sucedió hace escasos días, a finales de junio, cuando a las costas de Órzola, Lanzarote, llegó una patera en la que murieron cuatro personas, entre ellos un menor.

El empeoramiento de las relaciones con Marruecos, país del que proceden la mayoría de las pateras, las denuncias sobre presuntas agresiones sexuales y ejercicio de la prostitución en alojamientos de Gran Canaria donde residen menores migrantes, y el propio colapso de los centros que acogen a estos menores, con capacidad para 7.000 jóvenes, y que ahora mismo ya están al 100%, dibujan un escenario, de acuerdo con fuentes próximas a El Confidencial Autonómico, “muy preocupante, de sensación de desamparo y creciente tensión social, porque el problema está adquiriendo dimensiones que superan con mucho la capacidad de las instituciones autonómicas”.

Las cifras son elocuentes. En solo año y medio la llagada de inmigrantes ha pasado de 420 personas al año, a superar desde 2020 los 23.000 irregulares al año. Más de 2.000 migrantes han muerto en el mar, en el desesperado intento por conseguir una vida mejor.

Problemas cerca, decisiones lejos

“El ministro Marlaska ordenó el repliegue del mando a la Guardia Civil para luchar contra la inmigración irregular, además de retirar las competencias al general jefe de la Guardia Civil, Juan Miguel Arribas. Esta decisión, por criterios de poder interno, pero no de seguridad ciudadana, ha trasladado el ámbito de decisión de la Guardia Civil canaria fuera de aquí para llevarlo hasta la península, es decir; ha limitado nuestro radio y velocidad de acción”, señalan los interlocutores, próximos a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, para este medio.

A la situación descrita se añade la falta de presupuestos y de instrumentos tecnológicos para garantizar el control de las costas. “Lo más triste ya no es solo la falta de medios en sí, sino el mal uso -o el no uso, que es peor- de los medios existentes. Por ejemplo, el radar SIVE de Lanzarote lleva tres años en un almacén”, recuerdan estas fuentes, que prefieren hablar con este periódico preservando su anonimato. 

El problema, al menos desde su perspectiva política, no parece cercano en su resolución. El PSOE ha rechazado la pasada semana una moción en el Senado para devolver las competencias de coordinación a la Guardia Civil de Canarias, así como para aumentar la presión diplomática, especialmente hacia Marruecos. La moción estaba impulsada por Sergio Ramos Acosta, senador del PP.

“Si alejamos las tomas de decisiones y no dotamos de más medios materiales a la Guardia Civil en Canarias, difícilmente podremos cumplir con la Ley de Extranjería y con los protocolos de la Unión Europea. En cambio, España sí ha podido destinar en los dos últimos años 35 millones de euros en vehículos y otros materiales para la Policía de Marruecos. Y nosotros, mientras tanto, carecemos de medios básicos para afrontar los retos ligados a la inmigración ilegal. Todo esto nos genera un enorme estupor”, expresan estas fuentes.