El presidente regional llamó a Rajoy antes del anuncio público

Referéndum sobre las prospecciones petrolíferas en Canarias: Paulino Rivero no quiere ser Artur Mas

Su principal argumento para defender la legalidad de la consulta es que el resultado no afectaría a la Constitución

Mariano Rajoy recibe a Paulino Rivero en el Palacio de la Moncloa.
Mariano Rajoy recibe a Paulino Rivero en el Palacio de la Moncloa.

El gobierno canario ha dado un paso más en su rechazo a las prospecciones petrolíferas frente a la costa de Fuerteventura y Lanzarote: pretende convocar una consulta para saber si los ciudadanos de las islas aprueban o rechazan el proyecto. Paulino Rivero quiere ajustarse plenamente a la legalidad y actuar con prudencia para marcar distancias con Artur Mas y evitar que el Estado tumbe el referéndum.

Arropado por sus consejeros del gobierno bipartito entre nacionalistas canarios y socialistas, el presidente autonómico anunció que pedirá al Estado central autorización para celebrar una consultar en el archipiélago sobre el proyecto de Repsol para extraer petróleo a 50 kilómetros de la costa de Canarias.

El ejecutivo canario ya tiene pregunta para este referéndum consultivo: “¿Está usted de acuerdo con las prospecciones de petróleo autorizadas a la multinacional Repsol frente a las costas de nuestras islas?”.

En su intervención pública, Rivero quiso remarcar que esta votación popular no va en contra de la Constitución y del marco legal y que, por tanto, no hay ningún impedimento para que el Estado permita “consultar al pueblo”.

Una consulta “plenamente legal y constitucional”

Las fuentes de Coalición Canaria y del gobierno autonómico de las islas consultadas por El Confidencial Autonómico coinciden en señalar que la ‘hoja de ruta’ de Paulino Rivero y su ejecutivo ha sido diseñada para ser “plenamente legal y constitucional”.

La intención del presidente regional de Canarias es marcar claras diferencias con Artur Mas, que en la convocatoria de su referéndum sobre la independencia de Cataluña ha preferido seguir una línea de hechos consumados y mayor confrontación con el Estado.

En primer lugar, un alto cargo del gobierno autonómico canario señala la principal distinción entre las dos consultas: “Las posibles respuestas de esta consulta [a favor o en contra de proseguir con las prospecciones para extraer petróleo] no chocan con el marco constitucional”.

La argumentación se basa en que, mientras que un triunfo del “Sí” en el referéndum de Cataluña implicaría una independencia de esta comunidad autónoma que no se contempla legalmente, un “No” a las prospecciones en aguas de Canarias no infringe ningún precepto constitucional, ya que sólo depende de la autorización del Gobierno central a Repsol.

Rivero llamó a Rajoy antes de anunciar la consulta

Además, hay otros aspectos, más políticos, que según Coalición Canaria distinguen claramente los dos referendos. Horas después de su comparecencia, Paulino Rivero afirmó que había intentado hablar por teléfono con Mariano Rajoy para explicarle esta iniciativa después de anunciarla. En un primer momento no contactó con el presidente del Gobierno, pero sí pudo hablar con él más tarde.

Sin embargo, fuentes del gobierno de Canarias aseguran a El Confidencial Autonómico que Rivero había hablado antes con el jefe del Ejecutivo central: “Fue una llamada de cortesía, para que no se enterara por la prensa”.

 

En esta primera conversación, según Rivero, Rajoy no le adelantó al presidente canario cuál iba a ser la postura del Gobierno nacional.

Por otro lado, las fuentes consultadas por ECA destacan que, a diferencia del referéndum sobre la independencia de Cataluña, que ya ha sido fijado por Artur Mas para el 9 de noviembre de 2014, los partidos canarios partidarios de esta consulta no han planteado ninguna fecha ni ningún plazo.

Eso, según el gobierno canario, demuestra que su intención es esperar a que el Gobierno o las Cortes tomen una decisión, y en su caso autoricen la celebración de esta consulta.

Pide autorización sólo para este referéndum

La vía seguida por el Parlament (con los votos de CiU, ERC, ICV-EUiA y CUP) es la de pedir al Estado, a través del Congreso, que ceda a Cataluña la competencia estatal sobre la convocatoria de consultas populares mediante una ley orgánica, acogiéndose al artículo 150.2 de la Constitución, que permite al Estado delegar competencias.

Paulino Rivero, sin embargo, ha decidido limitarse a pedir al Estado que autorice sólo la celebración de esta consulta en concreto. Pretende lograrlo de acuerdo con el Estatuto de Autonomía, el reglamento del Parlamento de Canarias y la Constitución.

Para ello, someterá la petición a votación en la cámara regional, que en principio saldrá adelante con los votos de Coalición Canaria y del Partido Socialista de Canarias, mientras que el PP votaría en contra.

Después, el Gobierno central y las Cortes Generales -las fuentes del Gobierno canario aún no precisan a quién irá dirigida la petición- tendrían que autorizar la consulta según el artículo 92 de la Constitución y la Ley Orgánica que regula las distintas modalidades de referéndum.

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