Algunos consideran que pueden ser inconstitucionales

Funcionarios de Canarias estudian impugnar los obstáculos para cambiar de administración

El gobierno de Fernando Clavijo pretende frenar las “fugas” a los cabildos y evitar así la reducción de la plantilla de trabajadores autonómicos

El presidente canario, Fernando Clavijo, y la consejera de Hacienda, Rosa Dávila.
El presidente canario, Fernando Clavijo, y la consejera de Hacienda, Rosa Dávila.

El gobierno de las Islas Canarias ha puesto un marcha un plan de recursos humanos con un objetivo: poner freno a la disminución del número de funcionarios y empleados públicos que trabajan en la administración autonómico pese a los recortes. Los sindicatos llevaban años pidiendo este plan, pero alguno de los puntos ha soliviantado a los funcionarios.

En su reunión del lunes, el ejecutivo que dirige el nacionalista Fernando Clavijo aprobó el Plan Parcial de Ordenación de recursos humanos por el que se establecen medidas para la recuperación del empleo público y para frenar la pérdida del mismo en el ámbito de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como para la regulación de la prolongación voluntaria de la permanencia en el servicio activo de sus funcionarios y funcionarias.

El Confidencial Autonómico ha podido saber que el gobierno regional presentó hace varias semanas este plan a los sindicatos de funcionarios reunidos en la Mesa Sectorial de Negociación de Personal Funcionario.

Los sindicatos llevaban años reclamando un plan “ambicioso” de ordenación de los recursos humanos de la administración autonómica, para evitar que la limitación a convocar nuevas oposiciones por la crisis llevara a una progresiva disminución de las plantillas que afectara a los servicios públicos.

Fuentes del Sindicato de Empleados Públicos de Canarias aseguran que en los últimos años la plantilla total de la administración autonómica se ha visto reducida en unas 2.000 personas. Para solucionarlo, consideran que lo mejor sería convocar nuevas oposiciones, pero las limitaciones presupuestarias del Gobierno de España a las comunidades autónomas lo impiden.

Por eso apoyan al menos este plan para recuperar empleo público, que contempla recurrir a más personal interino y potenciar que los trabajadores con 65 años prolonguen su vida laboral más allá de la edad de jubilación.

Sin embargo, hay un punto que ha provocado una fuerte contestación, según revelan a ECA fuentes sindicales. Se trata de que con este plan, el gobierno canario tratará de limitar las “fugas” que se producen de personal de la administración autonómica a otras administraciones: por ejemplo, explican fuentes de la Consejería de Hacienda, muchos se han marchado en los últimos años a los cabildos insulares.

A partir de ahora, los funcionarios tendrá que pedir permiso previo para participar en concursos de traslados a otras administraciones públicas. Además, la autorización para desempeñar puestos en comisión de servicios en otras administraciones será “excepcional”.

Fuentes sindicales consultadas por ECA destacan que esta limitación a la movilidad laboral es completamente excepcional. De hecho, prevén que habrá funcionarios que lleguen a impugnar ese punto del Plan Parcial de Ordenación de recursos humanos, ya que consideran que estos obstáculos puestos por el gobierno de Canarias a su traslado a otra administración pueden ser “inconstitucionales”.

Los sindicatos de funcionarios y empleados públicos ven este plan como “una solución parcial”, pero que al menos podría paliar en parte la situación actual: hablan de ralentización de expedientes y “papeleo” por la falta de personal.

 

Por ahora desde el gobierno canario aseguran a El Confidencial Autonómico que no es posible adelantar una cifra de cuántos interinos se contratarán. Todo dependerá del número de funcionarios y empleados que se jubilen o se marchen de la administración, de las necesidades de cada consejería y de la dotación presupuestaria que tenga cada una frenar la reducción de su plantilla.

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