El concejal de Arrecife (Lanzarote) que lleva 5 meses ausente por estar de regatas en el Caribe deberá abonar al Ayuntamiento los 1.200 euros de las facturas de su móvil. Él asegura que fue un "fallo de la operadora"

Pedro de Armas, empresario y edil de Arrecife, zarpó a principios de año con su goleta 'El Cabo Andrés' para intervenir en el Gran Prix del Atlántico, una regata de vela con comienzo en el puerto de Marina Rubicón (en el sur de Lanzarote) y destino final en el puerto de Fort de France, en la isla de Martinica. Durante su viaje, que ya dura 5 meses, se computaron facturas de hasta 1.200 euros en su teléfono móvil de trabajo. El Ayuntamiento quiere que corran de su cuenta.

El concejal del Partido Nacionalista de Lanzarote-Nueva Canarias (PNL-NC) en el Ayuntamiento de Arrecife, Pedro de Armas (en la oposición), quiere explicar su conducta. Lleva cinco meses de viaje en barco por el Caribe y los ecos del escándalo desatado por su ausencia le han llegado hasta Miami, donde se encuentra actualmente.

Para de Armas, lo que se está contando en los medios es "demencial", sobre todo la polémica generada en torno a la elevada facturación (el importe de la factura de abril fue de 1.200 euros) de su teléfono móvil con cargo al ayuntamiento capitalino, tal y como confirmó la pasada semana el edil de Hacienda, José Montelongo.

Según explica el edil, esos 1.200 euros de factura tienen explicación: un día le entraron dos mensajes en su aparato de telefonía, que "luego se convirtieron en más de veinte envíos diarios cada uno durante una semana y me saltaban cada vez que llegaba a un sitio. Era desesperante. Le dije al ayuntamiento lo que estaba pasando y finalmente creo que llamaron a Movistar y arreglaron el problema" asegura.

Sin embargo, según ha sabido El Confidencial Autonómico de fuentes del ayuntamiento de Arrecife, a la vuelta del edil se encontrará una desagradable sorpresa. El consistorio quiere hacerle abonar la diferencia entre los 1.200 euros gastados y el límite de 120 impuesto por el ayuntamiento.

Este 'castigo', de unos 1.100 euros, podría ampliarse en caso de que así se decida en el pleno en el que se tratará el caso. Aunque las fuentes consultadas niegan que pueda expulsarsele del cargo, al haber sido elegido en las urnas por los ciudadanos de Arrecife.

 

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