Baleares

Sanidad niega al TSJ de Baleares entregar los contratos de vacunas Covid firmados con las farmacéuticas

La Administración y la Agencia Española del Medicamento argumentan que los documentos que recogen los acuerdos con Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Jansen son de “carácter confidencial”

Vacunas Covid.
photo_camera Vacunas Covid.

El Tribunal Superior de Justicia de Islas Baleares acordó el pasado 28 de julio de 2022 a través de un auto exigir al Ministerio de Sanidad una serie de documentación relacionada con las vacunas del coronavirus. Dicho material fue solicitado por el equipo jurídico de la Asociación Liberum y 549 ciudadanos de la isla. 

Entre los documentos solicitados por parte de Liberum se encontraban los cuatro contratos firmados por el Gobierno de España y las farmacéuticas Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Jansen.

El escrito hace hincapié en que el ministerio debía aportar la copia original de los contratos donde se explicasen el precio de las dosis, las entregas, las posibles indemnizaciones por fallos en el fármaco y todas las cláusulas y estipulaciones de los mismos.

Los jueces dieron 10 días para entregar los contratos

Según fuentes del equipo jurídico de la asociación, esta decisión respecto a las Certificaciones solicitadas al Ministerio de Sanidad es firme porque el auto no fue recurrido ni por el Gobierno de Baleares ni por el Ministerio Fiscal, por lo que "están obligados a entregar los contratos". 

Por ello, los tres jueces que firmaron el auto dieron a la Administración un plazo de 10 días para aportar al tribunal tal información. Pero éstos se han negado.

Según ha podido saber ECD por los abogados de Liberum, el motivo que dan tanto Sanidad como la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, (adscrito al ministerio) para no aportárselos al tribunal es que “son confidenciales”. 

“Son confidenciales”

La Agencia Española del Medicamento, explica en su escrito, consultado por este digital, que esta confidencialidad se debe a que los contratos son parte de los Acuerdos de la Adquisición Anticipada concluidos por la Comisión Europea con los fabricantes de vacunas. Hecho que, según relatan, está publicado en su web. Pero el enlace que aportan en el documento para que se pueda comprobar la norma no funciona.

Este escrito fue ratificado por el Ministerio de Sanidad. 

Por otro lado, el Tribunal Constitucional determinó en 2016 en la sentencia 40/2016 del 21 de julio que debían "ser derogadas por la Constitución e incompatibles con ella todas las normas previas que impidan la revisión judicial de los actos administrativos…y que hagan imposible la defensa en juicio de los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos frente a las Administraciones públicas”. 

Por ello, el abogado relata que la Administración no se encuentra exenta de control judicial si afecta a terceros. Destaca que “el Derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, establecido en el artículo 24 de la CE, debe primar sobre otros bienes jurídicamente protegidos, como supuestas cláusulas de confidencialidad”. 

Nuevo escrito ante el TSJ de Baleares

Por ello, ante la ausencia de la aportación de los contratos, los abogados de la asociación han vuelto a presentar un escrito ante el TSJ de Baleares en el que ordenan que se cumpla y obedezca el auto del 28 de julio de 2022. Y, en el caso en el que continuara la negativa, exigen que “se proceda por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, previo mandamiento judicial, a la entrada y registro del Ministerio a fin de que se cumple el auto judicial”.

Por último, el letrado concluye que ellos no solicitan que el documento se haga público y que pueda acceder a él cualquier persona, sino que se le entregue al tribunal y a los letrados para poder desarrollar el proceso judicial.

La Asociación Liberum se formó en el año 2021 y tiene como objetivo “la promoción y defensa de los derechos humanos, fundamentales y libertades públicas amparadas en la Constitución Española y en los tratados internacionales”. Actualmente cuenta con más de 10.000 socios y un equipo jurídico formado por 60 profesionales, entre los que destacan abogados, fiscales, constitucionalistas, penalistas, laboralistas, administradores de fincas y secretarios judiciales. 

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