Baleares

El Proyecto de Ley Educativa Balear se gestó a través de cinco borradores que fueron asumiendo progresivamente los postulados de Podemos y Més

Peligran en las islas 40.000 puestos de trabajo de centros concertados

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photo_camera Francina Armengol, presidenta de las Islas Baleares

El pasado miércoles, en reunión extraordinaria, el Gobern de las Islas Baleares, presidido por la socialista Francina Armengol, ha aprobado su primer proyecto educativo autonómico en seis años al frente del Ejecutivo autonómico. Fuentes cercanas al parlamento balear detallan para El Confidencial Autonómico las entretelas de la negociación política.

“Al principio Armengol no tenía las ideas tan claras, pero según ha evolucionado la negociación se ha ido radicalizando más”, señalan estos interlocutores. Este proceso ha estado muy influenciado, a juicio de estas fuentes, por el pacto con sus socios de gobierno: Més y Unidas Podemos.

“Armengol nunca se ha sentado con el resto de grupos parlamentarios, ha ignorado los informes de las comisiones de trabajo, en los que había representantes de todo los partidos y, al final, ha sido un mero pacto de sillas con sus socios de legislatura. Lo hemos visto, como espectadores mudos, en sus cinco borradores de negociación, donde ha ido asumiendo progresivamente las posturas radicales de Més y de Podemos”, rememoran las referidas fuentes. El precedente a nivel nacional de la Ley Celáa, sostienen estos interlocutores, ha facilitado a Armengol el acercamiento a dichas posiciones.  

El principio del fin de la concertada

El proyecto de ley educativo establece como lengua de cohesión social -y, por tanto, vehicular- al catalán. "El proyecto dice que como mínimo será del 50%, pudiéndose llegar al 100% y sin precisar ninguna presencia al castellano, ignorando así el ordenamiento jurídico, que obliga a un mínimo de 25% en castellano. En la práctica, en muchos colegios ya se está impartiendo el 100% de las asignaturas en catalán”, señalan estos interlocutores.

El principio del fin de la educación concertada, según estos interlocutores, también aletea en las intenciones del proyecto de ley. “Sienta las bases para que no crezca la concertada, puesto que en la demanda para la creación de nuevas plazas siempre tendrá prioridad la educación pública”, apuntan los interlocutores, al tiempo que señalan el impacto "devastador" que este proyecto de ley tendrá en los 40.000 trabajadores que ejercen su labor en los colegios concertados baleares. “Conviene recordar que el 36% de los alumnos de las islas hoy se educan en centros de la concertada”, detallan las fuentes.

De acuerdo con estos interlocutores, en la sociedad balear cunde la sensación de que la presidenta Armengol, con la aprobación de este proyecto educativo, ha intentado lanzar una "cortina de humo” para, ante la crisis económica derivada de la pandemia, vender alguna clase de “consensos y logros” ante la opinión pública de cara a las próximas elecciones autonómicas. 

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