Baleares convertirá el catalán en un mérito y no en un requisito para sus funcionarios. Sólo se mantendrá como condición para los responsables de atención al público
En pleno del Consell de Baleares ya ha puesto fecha para eliminar el requisito del catalán para los trabajadores públicos que no estén de cara al ciudadano: será antes de verano. Esta medida está recogida en la Ley de Función Pública creada en 2007 y que el Gobierno de José Ramón Bauzá modificó el pasado verano de 2012. El Consell trabajará en los próximos meses para adaptar la normativa, algo que ha despertado críticas en la oposición.
La consejera balear de Hacienda y Función Pública, Margalida Roig, ha cerrado un plazo para transformar el conocimiento de catalán en un mérito y no una condición para quienes quieran convertirse en trabajadores públicos en las Islas. Durante un pleno extraordinario del Consell, Roig aseguró que la Ley de Función Pública que contiene este cambio se aplicará por fin antes de junio.
Según explican fuentes del Consell a El Confidencial Autonómico, la ley que está pendiente de aplicarse fue redactada en 2007 y posteriormente modificada por el Gobierno de Bauzá el verano pasado. “El catalán pasa de ser una exigencia a un mérito, excepto en los casos de puestos de atención al público”, aclaran.
“Es una ley y hay que cumplirla sí o sí”, añaden las mismas fuentes. Por su parte, los partidos de la oposición han criticado esta declaración de intenciones, que entienden como “un ataque al idioma”.
Según ha podido saber ECA, hasta ahora ha existido un plus de unos 40 euros al mes para los funcionarios que acreditasen un nivel de catalán superior al que se les exigía en su puesto. Desde el Consell indican que ahora habrá que negociar en cuáles de esas plazas será el catalán un requisito y se evaluará también qué hacer con esos pluses.
Detalles de la normativa
De acuerdo con el artículo 30 de la citada Ley 2/2007, y tras su modificación en 2012, para optar a los puestos de trabajo de personal funcionario y de personal laboral en el Consell se acordaba “eliminar la exigencia general de un determinado nivel de conocimiento de catalán como requisito”.
El objetivo era evitar que “la falta de la acreditación oficial de un determinado nivel de catalán sea, de entrada, un obstáculo” para quienes quieran trabajar en la Administración balear. Por ello, estos conocimientos serán tomados como “mérito” y “no se podrán exigir como requisito más que en los casos que determina la ley”, como en los puestos de atención al público.
