Ya se presentó un informe sobre su estado en 1999

El ayuntamiento de Siero da al Palacio de Celles el uso de cuadra

El edificio lleva décadas en ruinas y ahora la alcaldía quiere tomar medidas. Pero pretende que sea la propietaria quien se encargue de los gastos para volver a abrirlo al público

Palacio de Celles
Palacio de Celles

El Palacio de Celles pasó a ser propiedad de la familia Navia en 1976. El edifico lleva más de cien años en ruinas y ahora el ayuntamiento de Siero se está interesando en arreglarlo, pero quiere que sea la propietaria quien se encargue de los gastos. Esta demandó a la alcaldía en 2016, ya que una vez en ruinas, quien se tiene que hacer cargo del Palacio es el propio ayuntamiento.

El Estado de ruina en el que se encuentra el Palacio de Celles en el municipio de Siero perdura desde hace más de cien años. Cuando un edificio de Patrimonio Cultural se queda en ruinas, es el ayuntamiento quien se tiene que ocupar del futuro del edificio.

El Palacio pasó a ser propiedad de la familia Navia en 1976. Cuando la última representante de la familia heredó el edificio, ya presentaba un estado ruinoso, siendo ocupado por dos familias de arrendatarios.  La declaración de Bien de Interés Cultural se realizó por un Decreto de la Consejería del año 2003, en él omitieron cualquier referencia al cambio de uso del edificio. Desde hace quince años vienen admitiendo que un edificio de tal importancia, sea utilizado como cuadra para ganado.

Cuando un Palacio como este se queda en ruinas, por Ley es el ayuntamiento quien se tiene que hacer cargo del edificio y la Consejería de Cultura tiene que velar por su conservación.  Sin embargo, ahora quieren que sea la propietaria quien se gaste el dinero en arreglarlo.

A finales del año 2016 el propio Ayuntamiento ordenó  “el cese inmediato del uso ganadero en el Palacio”. Fue entonces cuando la propietaria puso una demanda contra el ayuntamiento de Siero, en la que denunciaba que ella no tiene ningún derecho a hacerse cargo del edificio, ya que una vez en ruinas es la alcaldía quien se tiene que hacer cargo de él.

El abogado de la demandante, explica a ECA que cuatro meses después de que se dictara la sentencia y casi cuatro años y medio después de presentar la solicitud de ruina, siguen sin decretarla, “cuando teóricamente tenían seis meses para hacerlo”. Explica, además, que no lo hacen porque “saben perfectamente que cuando decreten la ruina, van a tener que asumir la conservación del Palacio”.

Asimismo, sostiene que, aparte de que la ruina ya tendría que haberse declarado hace mucho tiempo, debiendo haberlo hecho de oficio el propio ayuntamiento, ha tenido que ser la demandante quien la promoviese, siendo “la gota que colmó el vaso” al haberse visto involucrada en unas diligencias penales, instadas contra ella por el Servicio de Patrimonio Cultural.

Los hechos se remontan a 1999. Prueba de ello es un informe  que elaboró el ayuntamiento de Siero en la que se declaró de acuerdo con la categoría de BIC del edificio, y calificó de "deseable y casi imprescindible" al cambio del uso de cuadra del Palacio, ya que para ello "se está utilizando en su interior y no es precisamente l actividad más noble para la gran categoría del edificio". El abogado tacha de lamentable que no se haya hecho nada al respecto en casi 20 años

Ahora la alcaldía pretende que sea la demandante quien desaloje a los arrendatarios, olvidando que su representada “no es nadie para desalojar a los mismos” y que éstos tienen unos derechos que no se pueden ignorar.  Actualmente el ayuntamiento de Siero tiene una sentencia del Tribunal de lo Contencioso que condena y obliga al ayuntamiento a declarar el expediente de estado de ruina. Es más, le están poniendo a la demandante multas de 600 euros presionándole de que “tiene que hacer obras”. Además, le están mandando requerimientos, pero la propietaria se niega a gastarse los 5 millones que cuesta arreglar el Palacio, porque no es “su responsabilidad”.

En este sentido, el abogado de la demandante cuenta que pasan los meses y la Concejala de Urbanismo sigue intentando “manipular el expdiente administrativo”. Se reúne con funcionarios afines de la Consejería de Patrimonio para que hagan nuevos dictámenes que condicionen a sus propios técnicos, cuando la arquitecta municipal ya dijo claramente que “la situación era de ruina”. Insiste en que es el Ayuntamiento el competente para resolver el expediente de un Palacio que desde hace tres años está en una clara “ruina física irrecuperable”.

 

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