Un concejal de un municipio de Zaragoza, sancionado por hacer públicos datos personales de una empleada del ayuntamiento
Protección de Datos le ha apercibido por colocar esa información en el tablón de un bar
Una administrativa del ayuntamiento de Cosuenda, en Zaragoza ha presentado ante la Agencia Española de Protección de datos una reclamación por conocer la existencia de unos documentos personales publicados en un bar del pueblo.
En este sentido la reclamante avisa a la agencia de sus indicios en conocer quién puede haber sido el autor de dicha publicación. Se trata de un señor conocido por la empleada, que aseguro que lo hizo con la intención de defenderse de ciertas reclamaciones.
Por ello denuncia que se han publicado en un tablón, además de no tener ese fin, datos privados sin consentimiento de la parte reclamante donde además puede acceder cualquier persona y hacer uso de ellos.
De esta manera, también alega que el ayuntamiento dispone de sus propios tablones para colocar cualquier anuncio, pero al tratarse de un tablón de anuncios de un bar, no resulta apropiado.
Acontecimientos manipulados
Desde el Ayuntamiento aluden a acuerdos en relación a la plantilla de personal funcionario y laboral de este municipio. Se adoptó el acuerdo de amortizar la plaza de auxiliar administrativo laboral, sustituyéndola por una nueva creación, de funcionario de la subescala de Administración General, con la categoría de administrativa a media jornada.
Con este acuerdo, el consistorio daba comienzo al proceso de reconfiguración de la plantilla municipal como resultado de las reivindicaciones de la única persona que trabaja en el ayuntamiento como auxiliar administrativo, la parte reclamante.
En un municipio de 384 vecinos saben que resulta improbable que tras la noticia de El Periódico de Aragón, bajo el titular “CSIF acusa al alcalde de Cosuenda de «presionar» a una empleada del ayuntamiento”, no se conociera la identidad de la empleada, aunque afirman que se tergiversaba lo acontecido en la sesión plenaria.
Presiones “intolerables”
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denunció ayer en una nota las supuestas «presiones» que el alcalde de Cosuenda y diputado provincial, Óscar Lorente (PSOE), está realizando a una trabajadora que el pasado mes de abril de 2019 se negó en sede judicial a reconocer como suya la firma estampada en un polémico expediente urbanístico para la reparcelación de unos terrenos.
El asunto en cuestión se estaba tramitando en los tribunales de justicia, donde el regidor se halla imputado en un caso de supuesta prevaricación. Lorente aseguró que la firma era de la trabajadora, mientras que esta lo negó y afirmó que se la habían falsificado.
El reclamado forma parte de la corporación, por su condición de concejal. En su declaración en sede judicial manifestó que cuando ocurrieron los hechos, sufrió una campaña de acoso y se colocó Aron en los tres bares de la localidad noticias falsas relativas al mismo y ante esa campaña contra él, procedió a colocar los documentos del expediente administrativo, que era público.
Sancionado por no mantener la confidencialidad
La AEPD ha resuelto el expediente sancionando al concejal por no guardar el deber de confidencialidad y no garantizar la seguridad adecuada de los datos personales, incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito.
A su vez, deberá indemnizar con hasta 20.000 euros a la empleada por infringir lo dispuesto en el Reglamento.
