La presidenta está “obsesionada” con desmarcarse de la corrupción

Los sindicatos amenazan a Susana Díaz con acciones judiciales si endurece más su discurso contra ellos

UGT y Comisiones Obreras han decidido no acudir a los actos a los que les invite la Junta de Andalucía

La presidenta de la Junta, Susana Díaz (izquierda), con la secretaria general de UGT Andalucía, Carmen Castilla (derecha).
La presidenta de la Junta, Susana Díaz (izquierda), con la secretaria general de UGT Andalucía, Carmen Castilla (derecha).

Las relaciones entre los sindicatos mayoritarios y la Junta de Andalucía atraviesan por sus peores momentos en más de 30 años de democracia. La dureza que abandera Susana Díaz contra UGT por el escándalo de las subvenciones ha provocado la ruptura entre el gobierno autonómico y las centrales sindicales.

La petición del gobierno que preside Susana Díaz para que UGT devuelva algo más de 15 millones de euros de subvenciones que no han podido ser justificadas y que se encuentran bajo objeto de investigación judicial ha provocado la ruptura de relaciones del sindicato históricamente vinculado al PSOE, a la que se ha sumado, de momento extraoficialmente, Comisiones Obreras (CC.OO.).

Así lo aseguran las fuentes sindicales consultadas por El Confidencial Autonómico, que añaden que ambos sindicatos han decidido no acudir a los actos a los que sean convocados por la Junta de Andalucía y, de esta manera, “hacerle el vacío” a la presidenta Susana Díaz por lo que consideran un “trato injustificado e inmerecido” que reciben por parte del ejecutivo andaluz, según aseguran desde UGT.

Los sindicatos han decidido no acudir a los actos institucionales y a los que convoquen los dos partidos políticos que conforman el gobierno autonómico, PSOE e Izquierda Unida.

Según ha podido saber ECA, el malestar sindical (concretamente en la Unión General de Trabajadores) es tan palpable que sus dirigentes estudian adoptar medidas judiciales si la presidenta andaluza o los miembros de su ejecutivo continúan “endureciendo” el discurso contra UGT y las presuntas irregularidades que investiga la juez Mercedes Alaya.

128.000 millones de concertación social

Y es que la sombra de la corrupción planea sobre todos los protagonistas de la concertación social en Andalucía, el modelo de negociación con los agentes económicos y sociales para generar riqueza y empleo en Andalucía.

Con un periodo de vigencia de cuatro años, el gobierno andaluz ha puesto en manos de sindicatos y empresarios más de 128.000 millones de euros en los últimos 28 años. El último acuerdo de concertación social, el séptimo, expiró el pasado 31 de diciembre de 2013. Casi todos los protagonistas del VII acuerdo de concertación social han tenido que abandonar sus respectivos puestos por asuntos vinculados con la corrupción.

El entonces presidente José Antonio Griñán dimitió erosionado por el caso de los falsos expedientes de regulación de empleo (ERE); el que fuera secretario general de la UGT de Andalucía, Francisco Fernández, abandonó por el caso de las facturas falsas; y el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Santiago Herrero, tuvo que ser relevado tras su imputación por el fraude de una promoción de viviendas protegidas no terminadas. Sólo permanece en el cargo el secretario general de Comisiones Obreras, Francisco Carbonero.

Díaz rompe el idilio con los sindicatos

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz está " obsesionada" con desmarcarse de los casos de corrupción que azota a la Junta de Andalucía y a los agentes sociales, según reconocen a El Confidencial Autonómico desde la oficina del portavoz del gobierno.

Díaz está dispuesta, según las fuentes consultadas, a “pagar un alto precio para poner orden” en la administración autonómica y para aclarar sus relaciones con cuantas instituciones y organismos hayan recibido ayudas públicas.

 

La reclamación de más de 15 millones de euros a UGT “no resulta de una causa general contra el sindicato” como éstos están interpretando “erróneamente”, afirman desde el gobierno de Susana Díaz.

La presidenta andaluza ha apostado por revisar todo el modelo de la concertación social en Andalucía. La Junta reconoce ahora que “hay cosas que no han funcionado” y en especial el objetivo de generar empleo en la comunidad.

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