Sequía en Doñana: el Gobierno se ha planteado un ‘155 ecológico’ para arrebatarle la competencia a Andalucía
Transición Ecológica se apoyará en que la Ley de Parques Nacionales le permite declarar “estado de emergencia ambiental” y asumir la gestión del parque
- Preparado un ‘155 ecológico’
- Se apoyará en la Ley de Parques
- Jurisprudencia en contra
- En mitad de la peor sequía
El Gobierno está dispuesto a tomar el control de Doñana, si fuera preciso, y revertir el declive ecológico de la reserva natural que, a su juicio, pretende el Ejecutivo de Juanma Moreno con la nueva ley para ampliar regadíos. El Ministerio de Transición Ecológica se ha planteado aplicar un ‘155 ecológico’ si Andalucía llegase a desobedecer al Tribunal Constitucional.
Por lo pronto, el Ejecutivo se encuentra a la espera de que la futura ley que legalizará regadíos hasta ahora irregulares en el Parque de Doñana se apruebe definitivamente y se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para recurrirla ante el Constitucional.
Este es el camino que desde el Ministerio de Transición Ecológica se ha apuntado con respecto a la proposición de ley que este miércoles ha iniciado su trámite legislativo en el Parlamento de Andalucía y que rechazan tanto el Gobierno central como la Comisión Europea, organizaciones ecologistas y científicos por el mal estado del parque nacional.
A pesar de todas esas oposiciones, el único que podría frenar la aplicación de la futura norma -que se tramitará por el procedimiento de urgencia en el Parlamento andaluz y a la que no se le auguran grandes dificultades por contar con los votos a favor de PP y Vox- es el Gobierno central, mediante un recurso ante el Constitucional que pidiera paralizarla de forma cautelar hasta que se resolviera el contencioso.
Preparado un ‘155 ecológico’
Por si esto fuera poco, según ha podido confirmar Confidencial Digital por fuentes próximas al Ejecutivo, el Ministerio de Transición Ecológica se ha planteado aplicar un ‘155 ecológico’ para arrebatar a Andalucía la competencia sobre Doñana en caso de grave choque institucional.
En concreto, contempla que, si la Junta aprueba finalmente la ley con la que se pretende ampliar miles de hectáreas de regadío que secarían el ecosistema, el Ministerio para la Transición Ecológica podrá declarar el “estado de emergencia ambiental” y asumir la gestión directa del entorno, apoyándose en la Ley de Parques Nacionales.
Se apoyará en la Ley de Parques
Técnicos de Transición Ecológica explican que el artículo 13 de la Ley de Parques autoriza al Gobierno, “en caso de una catástrofe medioambiental, previa consulta a la comunidad o comunidades autónomas en las que se encuentre comprendido el parque nacional o a petición de las autoridades competentes, a declarar el estado de emergencia en dicho parque nacional, con el fin de impedir que se produzcan daños irreparables y siempre que éstos no puedan evitarse mediante los mecanismos de coordinación ordinarios”.
Las fuentes del departamento que dirige Teresa Ribera consultadas por ECD precisan, no obstante, que todavía es pronto para saber si se pondrá en marcha esta estrategia. Porque primero, la ley andaluza tiene que aprobarse en el Parlamento regional y después, publicarse en los boletines oficiales, de la Junta de Andalucía y del Estado. Esto tardará todavía varios meses, apuntan.
En cambio, fuentes oficiales del Ministerio de Transición Ecológica aseguran que ese escenario no se ha contemplado.
Jurisprudencia en contra
En el Gobierno cuentan además con que la jurisprudencia va en contra de la decisión de Juanma Moreno.
Recuerdan que en 2017 el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ya dictó una sentencia en relación al Plan de la Fresa actual -que es la norma que pretende modificar ahora el PP para incrementar las hectáreas de regadío- que debe respetar los usos del agua y calificarlos de secano para impedir nuevos regadíos.
En 2016, el mismo organismo judicial emitió otra sentencia que recalcaba la necesidad de que las Confederaciones Hidrográficas emitan un informe favorable previo a la aprobación de nuevos cambios legislativos en la ordenación del territorio que afecte a los usos del agua. Ese informe no existe en el caso de Doñana, destacan en el Ministerio, por lo que la norma podría quedar invalidada por los tribunales.
En mitad de la peor sequía
La ley del regadío inició el pasado miércoles su trámite en el Parlamento andaluz con el apoyo de PP y Vox para enmendar la decisión del anterior Gobierno socialista de eliminar 1.600 hectáreas del Condado de Huelva como suelo agrícola, de los que ahora 800 podrán volver a su condición original.
Pero esto se hace en un momento “crítico” y “dramático” para el Parque Natural, según los científicos, en mitad de la peor sequía en décadas, y con la advertencia del Gobierno central de que irá a los tribunales y la “estupefacción e inquietud” de la Comisión Europea.
Bruselas ha advertido por carta de que habrá sanciones y multas por desacatar la firme sentencia del Tribunal de Justicia Europeo que ordenó cerrar pozos ilegales y aliviar la sobreexplotación de un acuífero que es el corazón de Doñana y se está secando por la agricultura intensiva y el cambio climático.
