El perfil del yihadista de Algeciras propicia la búsqueda de varios sospechosos pero las Fuerzas de Seguridad alertan: “es imposible controlarlos 24 horas”

Denuncian que no cuentan con personal suficiente para tener vigilados en todo momento a potenciales terroristas y critican las dificultades para expulsarlos de España

Las Fuerzas de Seguridad tienen localizados a varios sospechosos con el perfil del yihadista de Algeciras pero “es imposible controlarlos 24 horas”.
Las Fuerzas de Seguridad tienen localizados a varios sospechosos con el perfil del yihadista de Algeciras pero “es imposible controlarlos 24 horas”.
  1. Vigilancia sobre sospechosos
  2. No hay personal para vigilarlos a todos
  3. Obstáculos en las expulsiones
  4. Falta de colaboración de los países de origen
  5. Expulsiones y denegaciones de nacionalidad
Una operación antiyihadista.
Una operación antiyihadista.

Un marroquí de 25 años que se encontraba en situación irregular en España cometió en Algeciras, el pasado 25 de enero, el último atentado terrorista que ha sufrido nuestro país. La Audiencia Nacional así lo considera en su investigación sobre el asesinato a machetazos del sacristán de una iglesia de Algeciras, Diego Valencia.

Medios como El Mundo publicaron que la Policía Nacional llevaba días vigilando a este hombre, por la actitud agresiva unas veces, y esquiva otras, con las reaccionaba ante los agentes que patrullaban por el barrios de Algeciras en el que vivía, una zona donde es habitual el tráfico de drogas, entre otros delitos.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, salió al paso para asegurar que el detenido por el ataque en Algeciras nunca había estado “en el radar por radicalización de ningún cuerpo policial, ni en España ni en ningún otro país”. Es decir, que nunca se le vigiló como sospechoso de terrorismo.

Vigilancia sobre sospechosos

Pero hay otros muchos sospechosos que sí están en el radar de las unidades antiterroristas en España, por sus actividades que revelan una radicalización islamista que puede desembocar en la comisión de atentados.

Fuentes de las Fuerzas de Seguridad consultadas por ECD confirman que los servicios de información dedicados a la lucha contra el terrorismo yihadista tienen detectadas, por distintos puntos de España, a varias personas con un perfil similar al del detenido por el atentado mortal a machetazos en Algeciras.

Sobre el detenido por este asesinato, el juez apunta que se radicalizó en apenas un mes. Tenía antecedentes por problemas psiquiátricos, y consumía drogas y alcohol hasta que comenzó a adoctrinarse en el Corán, cambió sus hábitos y fue mostrando una postura cada vez más radical en asuntos religiosos.

Las unidades de Información de la Policía Nacional y la Guardia Civil, también de los Mossos d’Esquadra, por ejemplo, así como el Centro Nacional de Inteligencia, dedican buena parte de sus esfuerzos a tratar de detectar y tener vigilados a quienes se inclinan por lecturas fundamentalistas de la religión musulmana, y comienzan a justificar e incluso alentar la violencia.

Pero en esa tarea de vigilancia, los servicios de inteligencia e información se encuentran con varios problemas.

No hay personal para vigilarlos a todos

Uno de ellos es la falta de medios, y la carencia de suficiente personalpara tener bajo control a todos los sospechosos que están en ese “radar” de las unidades antiterroristas.

 

La conclusión es que es “imposible” controlar las 24 horas del día a todas estas personas que se encuentran bajo vigilancia. Los servicios de información no tienen agentes suficientes para esa tarea, por lo que tienen que priorizar ciertas investigaciones y hacer controles en ciertos momentos.

Obstáculos en las expulsiones

Otra circunstancia que complica la lucha contra el terrorismo yihadista es la dificultad que se da en muchas ocasiones para expulsar a extranjeros sobre los que hay indicios suficientes de que están radicalizándose, pero no hasta el punto de que sea delito.

La Ley de Extranjería permite echar de España a los extranjeros que desarrollen actividades que pongan en peligro la seguridad nacional, sin necesidad de que un juez les haya condenado por terrorismo.

Ese precepto legal sirve a los servicios de inteligencia e información para expulsar tanto a personas sobre los que se sospecha que son espías extranjeros, como a quienes desarrollan un perfil filoyihadista. El Gobierno ha hecho uso de esta facultad para echar de España a 101 extranjeros desde 2012.

También se expulsa a los extranjeros a los que las Fuerzas de Seguridad detecta que se encuentran en España en situación irregular, sin papeles que permitan su residencia o estancia en nuestro país.

Falta de colaboración de los países de origen

El problema es que las expulsiones de los extranjeros con estos dos perfiles son muy difíciles de llevar a término. Las cifras de ejecución de los expedientes de expulsión de inmigrantes ilegales son muy bajas. Estos problemas legales y burocráticos ralentizan también los procesos en los que son los servicios de información los que proponen al Ministerio del Interior que expulsen a una persona, debido a que su radicalización yihadista le convierte en una amenaza para la seguridad nacional.

Las fuentes consultadas por ECD apuntan que los obstáculos proceden de la propia Ley de Extranjería, en la mayoría de los casos. Pero también se dan ejemplos en los que los países de origen, principalmente Marruecos, frenan la expulsión.

Hay que recordar que con Yasin Kanza, el detenido por matar a machetazos a un sacristán en Algeciras, el Ministerio del Interior apuntóque para ser expulsado faltaba que Marruecos diera luz verde a un trámite. Pero las autoridades marroquíes aseguraron que España no le había hecho ninguna petición sobre este inmigrante irregular.

El Gobierno de Pedro Sánchez trata ahora de conseguir que la Unión Europea adopte medidas más coercitivas para forzar a los países de origen (sobre todo, en África) a admitir a los inmigrantes irregulares a los que se expulsa de los países comunitarios.

Expulsiones y denegaciones de nacionalidad

Los servicios de inteligencia e información trabajan en varios ámbitos para neutralizar a musulmanes que se radicalizan hasta dar el salto al yihadismo. No todo son operaciones policiales que concluyen en detenciones y condenas de cárcel, que también.

En muchas ocasiones, optan por pedir a la Secretaría de Estado de Seguridad, del Ministerio del Interior, que expulse a un sospechoso.

La Comisaría General de Información de la Policía Nacional así lo hace con cierta frecuencia, y la Audiencia Nacional ha avalado esta práctica en diferentes casos: un joven marroquí con un serio desequilibrio psicológico y tendencias suicidas; un argelino que entró de forma ilegal en Melilla y difundía propaganda yihadista; un marroquí que se radicalizó cuando estaba en la cárcel por tráfico de drogas; así como otro que sí llegó a ser condenado por planear un atropello masivo en Madriddurante las Navidades de 2017.

Otra vía es la denegación de la nacionalidad española, y ahí el CNI ha sido clave para que el Ministerio de Justicia no concediera el pasaporte a varios marroquíes vinculados a la corriente rigorista del tabligh, incluido un hombre que residía en Algeciras, como el autor del último atentado.

También ha conseguido bloquear la concesión de la nacionalidad española a personas vinculadas a otros servicios secretos: por ejemplo, a un marroquí que tenía contactos con un miembro de la Dirección General de Vigilancia del Territorio, el servicio de inteligencia interior de Marruecos.

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