Okupas extranjeros en Sotogrande: inquilinos abusivos se hacen pasar por millonarios

Pagan seis meses en metálico y después se quedan en las casas hasta que son desahuciados

Puerto de Sotogrande (Foto- Junta de Andalucía).
Puerto de Sotogrande (Foto- Junta de Andalucía).

 

 

El fenómeno de la ocupación ilegal de viviendas sigue provocando en España graves perjuicios económicos a propietarios y creando alarma social. La Plataforma de Afectados por la Ocupación asegura que hay unos 100.000 inmuebles okupados en nuestro país. 

El Ministerio del interior ha facilitado al portal Idealista los últimos datos consolidados (no discriminan entre usurpación y allanamiento) sobre esta actividad, atendiendo a la variación entre el primer semestre de 2022 respecto al mismo periodo del año anterior. Según este cuadro, esta práctica ha crecido en la Comunidad Valenciana y Extremadura (con un alza del 23,66% y un 5,43% respectivamente) y se ha reducido en Madrid y Andalucía, con un 15,4% y un 6,26% de descenso, respectivamente.

Precisamente en una zona de Andalucía se ha producido un fenómeno singular en la lucha contra estos abusos. Según ha podido confirmar Confidencial Digital, varias inmobiliarias de la urbanización de lujo de Sotogrande han ideado un remedio contra las llamadas “inquiocupaciones” que se ha demostrado eficaz: la elaboración y puesta en común de una lista negra de okupas.

Primero: elaborar un perfil

Lo primero que han establecido estas compañías es elaborar un perfil de los pícaros. La Costa del Sol es un destino ideal para largos periodos vacacionales de europeos con un alto poder adquisitivo. Sotogrande es el destino preferido de alemanes, ingleses, suizos y holandeses, que se mudan temporalmente a esta localidad para disfrutar de lujosas viviendas, campos de golf, hoteles y restaurantes de alto nivel.

De un tiempo a esta parte, se ha producido un fenómeno nuevo: la generalización del “okupa de lujo”. Se trata de individuos llegados del extranjero que deciden pasar una temporada de vacaciones en Marbella, alquilan una vivienda de alto standing y acaban ocupando casas de grandes dimensiones.

Estos inquilinos no tienen cuentas corrientes en España, ni bienes de ningún tipo. Por lo que las autoridades no tienen modo de exigirles responsabilidades. Además, llegan de alquiler y cuando dejan de pagar, al no abonar la luz y el agua, los propietarios terminan financiando estas estancias mientras la casa sigue okupada.

Apariencia de lujo y solvencia

Se trata de casos especialmente graves porque los okupas se presentan inicialmente como ciudadanos solventes. No tienen apariencia de maleantes, sino todo lo contrario. Según explican a ECD los afectados, se trata generalmente de ciudadanos no españoles, en muchos casos de origen británico, que llegan a Sotogrande como empresarios de éxito, pero sin revelar el nombre de la compañía en la que han trabajado por discreción y confidencialidad.

Se presentan en coches de alta gama y vistiendo ropa de marcas de lujo. Solicitan una vivienda de alquiler y el modus operandi consiste en convencer al propietario de su alto poder adquisitivo. Para ello, el primer acuerdo se cierra con el pago, por adelantado y en efectivo, de las seis primeras mensualidades. Normalmente se centran en viviendas con un precio de alquiler que ronda entre los 4.000 y 5.000 euros al mes.

Al cumplirse el tiempo de la renovación empiezan los problemas. El último caso, citado por una inmobiliaria de la urbanización, tuvo como protagonista a una supuesta millonaria procedente de Suiza. Se presentó portando joyas ostentosas y relucientes (bisutería barata, como se comprobaría después) y acompañado por un hombre que decía ser su chófer. Cuando bastantes meses después se pudo acceder al interior de la vivienda, una vez desocupada, se confirmó que todo era un montaje.

 

Otro caso es el de un ciudadano de origen alemán que se presentó en la inmobiliaria con intención –dijo- de comprar una vivienda en Sotogrande. Firmó un contrato con opción de compra… y a los seis meses dejó de pagar. En bastantes casos, las casas okupadas terminan destrozadas o con graves desperfectos.

Una lista con “red flags”

Como se ha dicho, de un tiempo a esta parte varias inmobiliarias de la zona han hecho frente común para reducir al mínimo este tipo de casos. Han elaborado lo que denominan una lista con “red flags” sobre inquilinos peligrosos. Trazan el perfil de potenciales delincuentes y comparten con los propietarios esta información.

De esta forma, confirman, se ha logrado detectar a los falsos ricos antes de que cometieran el fraude y se ha reducido al mínimo este tipo de estafas. En estos momentos, apenas hay impagados en Sotogrande.

Malhechores escurridizos

Hay que recordar que son malhechores especialmente difíciles de combatir porque no son maleantes que irrumpan en casas vacías sino inquilinos que empiezan abonando un alquiler, pero terminan ocupando la vivienda. 

No se les puede embargar, como se ha dicho, porque no poseen bienes en España, y sólo se les puede sacar de las viviendas mediante un desahucio, un proceso judicial largo y complejo. Andalucía es de hecho la tercera comunidad española con más lanzamientos practicados, según datos difundidos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El único modo que tiene el propietario de luchar contra este tipo de ocupación es interponer una demanda de desahucio por impago de rentas. Fuentes judiciales explican a ECD que si los juzgados no registran incidencias graves, se trata de un proceso que no debe ser tan largo: “no debería durar más de tres meses”.

Usurpaciones de viviendas vacías

Junto a esta “ocupación de lujo” está el fenómeno más común de la entrada ilegal en viviendas vacías. Es un fenómeno creciente en zonas como La Manga o Benicàssim donde los asaltantes aprovechan casas situadas en zonas rurales, utilizadas por los propietarios como segunda residencia o destino vacacional y que por ello están sin utilizar.

Según datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en el año 2021 la Comunidad Valenciana se encontraba entre las más afectadas por este tipo de fraudes, con un total de 519 usurpaciones de vivienda.

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