Así valoró el Gobierno aplicar a Doñana un ‘155 ecológico’. Un relato hora a hora

1. Ley de Parques Naturales
2. Un intento de desmentido
3. Relato de hechos
4. Un encargo urgente
5. Catástrofe medioambiental
6. Moncloa da orden de rebajar el tono
7. Conflicto entre administraciones
8. Ribera no lo ha descartado
9. Baza electoral en peligro

El viernes, Confidencial Digital publicó la noticia de que el Gobierno se había planteado un ‘155 ecológico’ para, en caso de necesidad, arrebatar a Andalucía la competencia sobre Doñana

Se explicaba que el Ejecutivo se había planteado la posibilidad de tomar el control de Doñana, si fuera preciso, para revertir así el declive ecológico de la reserva natural que, a su juicio, causaría el Ejecutivo de Juanma Moreno con la nueva ley que autoriza regadíos hasta ahora ilegales. Y que el Ministerio de Transición Ecológica había estudiado aplicarlo, para el caso de que Andalucía llegase a desobedecer al Tribunal Constitucional.

Tal como se contó, el Ejecutivo se encontraba a la espera de que la ley se publicara en el boletín oficial para recurrirla ante el Tribunal Constitucional, con el fin de pedir la paralización de forma cautelar hasta que se resuelva el contencioso.

Ley de Parques Naturales

La noticia, procedente de fuentes próximas al Ejecutivo, explicaba que el Ministerio de Transición Ecológica había estudiado arrebatar a Andalucía la competencia sobre Doñana en caso de grave choque institucional, por la vía de declarar el “estado de emergencia ambiental”, y asumir así la gestión directa, apoyándose para ello en la Ley de Parques Nacionales.

Técnicos de Transición Ecológica consultados por ECD detallaban que el artículo 13 de la Ley de Parques autoriza al Gobierno, “en caso de una catástrofe medioambiental, previa consulta a la comunidad o comunidades autónomas en las que se encuentre comprendido el parque nacional o a petición de las autoridades competentes, a declarar el estado de emergencia en dicho parque nacional, con el fin de impedir que se produzcan daños irreparables y siempre que éstos no puedan evitarse mediante los mecanismos de coordinación ordinarios”.

Tal como se especificaba en la información, el portavoz oficial del ministerio de Transición Ecológica aseguró que ese escenario, de intervención de Doñana, no se había contemplado.

Un intento de desmentido

A raíz de la noticia de ECD, el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, declaró: “El Gobierno de España no tiene límites en su afán por atropellar a Andalucía. El mismo día que Sánchez pacta leyes con ERC y Bildu, prepara una ofensiva contra los andaluces por ejercer nuestro autogobierno”.

Como reacción, la Delegación del Gobierno en Andalucía desmintió que el ministerio para la Transición Ecológica tenga preparado ese “155 ecológico”, diciendo que “ni el Ministerio para la Transición Ecológica se lo ha planteado, ni se lo plantea”, añadiendo que era “completamente falso”. “Nadie del Gobierno de España ha realizado declaraciones en este sentido porque nunca se ha planteado”.

Relato de hechos

Respecto a esto último, es cierto que no ha habido ninguna declaración del Gobierno, pero es incierto que “nunca se lo ha planteado”. Lo ha hecho la vicepresidenta tercera, y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Un relato de hechos es el siguiente:

Teresa Ribera cuestionó el jueves que, desde una “esquinita” del mapa -cabe interpretar que se refería a Huelva o a Andalucía-, el presidente de la Junta actúe con “la arrogancia del señorito”.

En el pleno del Parlamento andaluz, Moreno Bonilla defendió poco después la “autonomía y dignidad de Andalucía para tomar sus propias decisiones”.

Horas más tarde, Pedro Sánchez lanzó un mensaje en el que dejó claro que la última palabra sobre la concesión de nuevos derechos de riego la tiene la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que depende de la Administración central.

“Doñana no se toca”, proclamó el presidente del Gobierno, que también utilizó una metáfora en términos parecidos a los de Teresa Ribera para describir la actuación de la Junta: “Doñana no es el cortijo de nadie, y menos de la derecha y la ultraderecha andaluza”.

Un encargo urgente

El nivel de confrontación entre el Gobierno y la Junta, por la gestión de Doñana, había “asustado” en el seno de la Administración estatal, según reconocieron a ECD algunos cargos veteranos.

Hasta ese momento, la medida de mayor calado que se había planteado en los gabinetes jurídicos de la Administración central era presentar un recurso de inconstitucionalidad cuando la ley quedara aprobada.

Sin embargo, según relatan a Confidencial Digital altos cargos del departamento que dirige la vicepresidenta Teresa Ribera, a lo largo de la jornada del jueves, un equipo técnico del Ministerio de Transición Ecológica recibió el encargo de estudiar cómo ‘defender’ Doñana, en caso de que la Junta llegase a desobedecer el mandato del Constitucional.

El encargo se hizo con la petición de que culminarán ese estudio lo más pronto posible, es decir, con urgencia. Y los técnicos se pusieron a ello inmediatamente.

La ‘solución’ que encontraron fue, como se ha contado, la Ley de Parques Nacionales, que permite a asumir la competencia declarando un “estado de emergencia ambiental”. Es decir, lo que podía denominarse “un 155 ecológico”.

Y eso es lo que relató Confidencial Digital.

El estudio se encargó a los técnicos de Transición Ecológica, se realizó, encontraron una “solución”, así lo elevaron a la parte política del ministerio que preside Teresa Ribera.

Catástrofe medioambiental

Como se ha contado, la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales señala en su artículo 13 la posibilidad de declarar un “estado de emergencia por catástrofe medioambiental”. En concreto, el texto apunta que “previa consulta a la comunidad o comunidades autónomas (...) podrá declarar el estado de emergencia en dicho parque nacional, con el fin de impedir que se produzcan daños irreparables y siempre que estos no puedan evitarse mediante los mecanismos de coordinación ordinarios”.

Aunque el trámite previo, incluida la consulta a la comunidad afectada, tiene cierto paralelismo con lo que señala el artículo 155 de la Constitución, que fue el que se aplicó en Cataluña para frenar el ‘procés’, en este caso no se trata de una intervención de la autonomía, sino de asumir por el Gobierno central la competencia sobre el Parque, arrebatándosela a la Junta de Andalucía, para impedir el cumplimiento de su plan.

Moncloa da orden de rebajar el tono

Según fuentes del Ejecutivo consultadas, a raíz de la polémica desatada por la noticia de ECD, y de la fuerte reacción desde la Junta de Andalucía y del Partido Popular a nivel nacional, Moncloa ha dado orden de rebajar el tono, para evitar que el PP andaluz convierta en un “conflicto de competencias” la polémica por su proyecto para la legalización de 700 hectáreas de regadío en Doñana.

Las declaraciones de la vicepresidenta Ribera han dado pie a los populares para plantear la cuestión en términos de defensa de la autonomía política de Andalucía, lo que perjudica gravemente la imagen del Gobierno y del PSOE, según advierten a ECD dirigentes socialistas andaluces.

Conflicto entre administraciones

No es la primera vez que el Ejecutivo de Pedro Sánchez plantea un conflicto entre administraciones. Recientemente envió hasta dos requerimientos al Gobierno de Castilla y León por un supuesto protocolo antiabortista, lo que motivó que el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, criticara la actitud del presidente del Gobierno por “combatir con inusitada dureza un conflicto irreal sobre una cuestión ficticia”.

En el caso de Doñana, lo único que se ha aprobado por el momento es la toma en consideración de una proposición de ley, que ahora tendrá que ser debatida en el Parlamento de Andalucía y que puede ser enmendada durante su trámite.

Por tanto, la situación legal de Doñana no cambia y la “amenaza ambiental” tampoco, toda vez que no se ha producido ningún cambio jurídico. Además, desde la Junta de Andalucía reiteran que, en todo caso, es una cuestión que afecta a la ordenación del territorio –declarar unos terrenos regables– y no a derechos de agua porque esto último saben que es competencia estatal a través de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

Ribera no lo ha descartado

Pese a que el Gobierno no ha hablado de un “155 ecológico”, en esos términos, sí ha mencionado la intención de hacer todo lo posible por evitar que la ley andaluza vea la luz.

La vicepresidenta Ribera reconoció este domingo, en una entrevista en El País, que el grado de irritación entre el ministerio y el presidente de la Junta es “elevado”.

Preguntada específicamente sobre si el Ejecutivo se plantea retirar algún tipo de competencia sobre ordenación del territorio a la Junta por este caso, la ministra no lo descartó del todo, al decir:

“Creo que eso sería extraordinariamente traumático y que no deberíamos llegar a eso. Sí hay que pedir responsabilidades a quien las tiene. Lo que no impide que el Gobierno recurra la propuesta ante el Tribunal Constitucional con toda la contundencia y con toda la argumentación en torno al principio de precaución, a la afección significativa que está sufriendo el parque, a las responsabilidades que nos tocan a cada cual, al cumplimiento de la normativa europea. Y reclamando que esto no se haga”.

Baza electoral en peligro

Tal como también ha contado Confidencial Digital, el PSOE cree haber encontrado en la polémica sobre la conservación de Doñana un buen baza electoral de cara a las elecciones municipales y autonómicas de mayo, sobre todo en Andalucía, y por eso desde Ferraz han dado instrucciones de utilizarla al máximo durante la campaña.

Sin embargo, la posibilidad de que el Gobierno haya estudiado un “155 ecológico” ha desmontado en gran medida la eficacia de ese argumento electoral.