La mesa del Parlamento andaluz aplaza la calificación de una iniciativa legislativa popular que pide la prohibición de las corridas de toros en la región para revisar si cumple con todos los requisitos

Los toros también corren peligro en Andalucía. La Mesa del Parlamento andaluz ha recibido una iniciativa legislativa popular de la Comisión Investigadora del Maltrato Animal (CIMA), en la que se solicita una modificación de la Ley autonómica de protección de los animales para que se prohíban las corridas de toros en la comunidad. La petición deberá ser calificada en las próximas semanas, una vez que se certifique que cumple todos los requisitos formales. Según ha podido saber El Confidencial Autonómico, esta iniciativa fue objeto de un primer análisis en la Mesa de la Cámara andaluza celebrada el miércoles de la semana pasada. No obstante, todavía habrá que esperar la calificación favorable de los servicios jurídicos del Parlamento confirmando que se cumplen todos los requisitos formales. Fuentes del Parlamento de Andalucía explican a ECA que el escrito en el que se solicita la prohibición de los festejos taurinos en la región se encuentra todavía en fase de estudio para evaluar si toda la documentación presentada se ajusta a la legalidad. Las mismas fuentes añaden que la decisión para determinar la idoneidad de la iniciativa por parte de la Mesa de la Cámara andaluza ha quedado "aplazada". Al parecer, se está analizando que todos los requisitos exigibles se cumplen. Aún así, todo parece indicar que esos análisis podrían finalizar "en poco tiempo" y la iniciativa podría ser calificada en "las próximas semanas". La iniciativa legislativa popular contra las corridas de toros fue registrada en el Parlamento de Andalucía el pasado 4 de junio. El Reglamento de la Cámara establece que la Mesa examinará si reúne los requisitos legales establecidos, los cuales consisten en que: debe incluir un documento que detalle las razones que la motivan, un texto articulado precedido de una exposición de motivos, así como un escrito que refleje los miembros que componen la comisión promotora. Si se admite la proposición, la Mesa del Parlamento lo comunicará a la Junta Electoral de Andalucía, que deberá garantizar la regularidad del procedimiento de recogida de firmas. Los promotores dispondrán de 4 meses para cumplir el requisito de las 75.000 firmas. Si no lo consiguen durante este periodo caducará la iniciativa. Una vez que se cumplan todos estos requisitos, incluidas las firmas, el Parlamento deberá remitir la iniciativa al Consejo de Gobierno para que se pronuncie sobre su toma en consideración o no. Para que la proposición de Ley pueda ser debatida en el Pleno del Parlamento, un grupo parlamentario tendrá que asumir su defensa.