PSOE e IU diseñan en Andalucía la Ley de ‘memoria democrática’ contra “caciques, terratenientes y aristócratas”, desde 1936 a la Transición. Vea el borrador

Contra las tesis “revisionistas y negacionistas” y la “impunidad”: así recoge en su título preliminar el objetivo de la proposición de Ley sobre ‘memoria democrática’ en Andalucía.

De acuerdo con el borrador al que ha tenido acceso El Confidencial Autonómico, este texto quiere extender el “derecho inalienable al conocimiento de la verdad histórica” sobre el proceso “de violencia y terror impuesto por el régimen franquista”, entre 1936 y hasta la Transición.

“La represión durante el período bélico y en la postguerra fue de una dureza extrema y con un sentido claramente clasista”, indican. En su título preliminar indican que la razón de esta Ley es terminar con la “impunidad” de “caciques, terratenientes y aristócratas”.

También realiza una crítica a la Transición: haber “dejado olvidadas a las víctimas de la dictadura, junto a las luchas y sufrimientos de andaluces y andaluzas contra el franquismo”. Citan su oposición a la Ley de Amnistía de 1977 y la Ley 52/2007, a las que acusan de “instaurar un modelo de impunidad”.

Fosas comunes, censo de desaparecidos, sanciones

La Dirección General de la Memoria Democrática es un departamento de la consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, dirigida por Diego Valderas (IU).

Éstos son los contenidos de algunos de los artículos, que más adelante pueden ser modificados y ampliados por el Parlamento regional en su trámite, previsto para finales de octubre o principios de noviembre.

-- Artículo IV: La Administración de la Junta de Andalucía impulsará las tareas de reconocimiento, individual o colectivo, a las víctimas andaluzas de la represión franquista, tanto individuales como colectivas.

-- Artículo VI: (...) se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura (...)

-- Artículo VII: Corresponde a los órganos competentes (...) de la Junta de Andalucía el establecimiento de las medidas para la localización de las personas desaparecidas durante la guerra civil y la dictadura franquista y de todos/as aquellos/as andaluces/zas víctimas del nazi-fascismo.

-- Artículo VIII: (...) se creará el Instituto de la Memoria Democrática de Andalucía (...), dependiente de la consejería competente en materia de Justicia.

-- Artículo IX: Se reconoce el derecho de la ciudadanía andaluza a localizar a los/as ciudadanos/as andaluces/zas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, para reconocer su dignidad y hacer efectivos los derechos de sus familiares a obtener información sobre su destino y a recuperar e identificar sus restos.

-- Artículo X: La administración pública andaluza procederá a la localización de las fosas comunes, así como a la identificación y, en su caso, a la exhumación de los restos humanos que contengan (...)

-- Artículo XII: El Instituto Andaluz de la Memoria democrática elaborará un censo de personas desaparecidas (...) En dicho censo se reseñará toda la información posible respecto a las circunstancias del fallecimiento o desaparición de cada una de las víctimas.

Además, según los impulsores de la proposición de Ley, las instituciones que mantengan en espacios públicos símbolos franquistas podrán ser sancionadas, además de obligar a su retirada. Contemplan crear un inventario de todos los ornamentos relacionados con la dictadura.

El texto también recoge un reconocimiento para Blas Infante, reconocido como “padre de la Patria Andaluza”. Explican que fue asesinado “como miles de andaluces” por la construcción de “una Andalucía libre” y que su sentencia de muerte sigue en vigor, pese a la “ilegitimidad” que le atribuye la Ley 52/2007.