El PP andaluz sospecha que la cifra de 153 millones de deuda de la Junta con los ayuntamientos está ‘maquillada’
Los populares creen que el dato aportado por el vicepresidente Diego Valderas no incluye partidas como ayudas a la dependencia que han pagado los consistorios
Los ayuntamientos andaluces gobernados por el Partido Popular, empezando por Cádiz y Granada, han decidido cobrarse por la vía legal lo que les adeuda la Junta de Andalucía por diferentes conceptos: desde el Impuesto de Bienes Inmuebles a las ayudas a la dependencia que han venido asumiendo los consistorios ante el silencio del gobierno autonómico.
En la última intervención ante el Parlamento de Andalucía, el vicepresidente autonómico Diego Valderas (IU) calculó la deuda actual entorno a los 153 millones de euros, una cantidad “sensiblemente inferior” a los 260 millones de euros de deuda que la Junta mantenía con los ayuntamientos hace un año.
A pesar de las comisiones técnicas que crearon ambas administraciones para el abono de la deuda, a día de hoy, los diferentes requerimientos de los ayuntamientos para que las deudas sean saldadas no han dado resultado positivo.
El PP no se cree la cifra
Las cifras aportadas por la Junta de Andalucía, según la cual la deuda con los municipios es en la actualidad de 153 millones de euros, ha levantado suspicacias en el PP de Andalucía. Las fuentes de la dirección popular consultadas por El Confidencial Autonómico son rotundas: “No nos salen las cuentas”.
Desde el partido de la oposición andaluza sospechan que, de ser cierta la cifra aportada por Valderas, “se deben haber anulado algunas deudas o bien todo lo que se debe se circunscribe a los ayuntamientos gobernados por el PP”.
La formación que dirige Juan Manuel Moreno Bonilla dice echar en falta el detalle de la deuda por consejerías, lo que vendría a demostrar que la Junta “no sólo debe conceptos tributarios como el IBI, sino también conceptos como los servicios por Dependencia y, en general, todas las ayudas sociales que vienen asumiendo como propias, sin serlo, los ayuntamientos de Andalucía”.
Cádiz y Granada van a embargar a la Junta
El silencio administrativo del gobierno de Susana Díaz con respecto a sus deudas con los municipios ha llevado a ayuntamientos como el de Granada y Cádiz a poner en marcha diferentes procedimientos administrativos para embargar solares e inmuebles a la Junta de Andalucía con los que cobrarse las deudas.
En el caso de Granada, donde la deuda de la Junta es superior a los cuatro millones y medio de euros, la Agencia Tributaria Municipal ha procedido a buscar bienes de la administración andaluza susceptibles de embargo además de requerir al gobierno autonómico para que precise las propiedades que pueden serlo.
El alcalde, José Torres Hurtado (PP) ha dado orden para embargar dos solares valorados en un millón de euros. “Lo hemos intentado todo, y estamos hartos. Se están riendo de nosotros”, afirmó recientemente el delegado municipal de economía, Francisco Ledesma, para justificar la puesta en marcha de medidas legales para cobrar la deuda.
El modelo del consistorio granadino ha sido asumido por el Ayuntamiento de Cádiz para enjugar las deudas de la Junta. La alcaldesa de la capital gaditana, Teófila Martínez (PP), ha decidido poner coto a los incumplimientos fiscales de la Junta de Andalucía, de cuatro millones de euros, impagos que incluso se remontan a 1.992. El equipo de gobierno gaditano embargará dos solares a la Junta, donde se estudia la construcción de viviendas sociales.
La Junta pide una reunión a Montoro
El ejecutivo andaluz se ha comprometido con los ayuntamientos a seguir trabajando “con firmeza y fortaleza” para hacer posible durante 2014 una menor perspectiva económica de las corporaciones locales y contribuir a sacarlas de la "asfixia financiera" en la que se encuentran.
Lejos de anunciar el abono inmediato de sus deudas con los ayuntamientos, el vicepresidente Diego Valderas ha supeditado la liquidación de sus deudas a una futura reunión con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en la que se aborden nuevas medidas para “dar oxigeno” a toda la administración local andaluza.
