Londres se desentiende de la polémica con los pescadores gibraltareños y comunica a la Policía del Peñón que la gestión de la crisis está en sus manos

La Foreign Office londiense -equivalente al Ministerio de Exteriores- confiesa que el conflicto que mantienen pescadores gaditanos con el Ejecutivo de Fabian Picardo y que está detrás de la decisión del Gobierno español de anular un viaje de la Reina a Londres es un asunto que compete al Gobierno del Peñón, "responsable de la gestión medioambiental de las aguas territoriales del Reino Unido y Gibraltar".

Y la Policía gibraltareña --y no la Armada británica-- es la "responsable" de hacer cumplir la ley, ha precisado el portavoz, que ha recordado que no existe ninguna prohibición "en particular contra ciertos nacionales", sino una ley gibraltareña que "desde 1991 impide ciertos tipos de pesca".

"El Gobierno de Gibraltar ha expuesto su posición de que la Policía debería ser capaz de hacer cumplir la ley de forma igual para cualquiera", ha insistido el portavoz.

El Ejecutivo español confiaba en cambio en que Londres llamara al orden a Gibraltar para mantener el statu quo vigente desde 1999 y hasta la llegada al poder de Fabian Picardo, período en el que los pescadores españoles han faenado sin problemas dentro de las tres millas que Gibraltar y Reino Unido reclaman como propias, pero que España no les reconoce porque no se cedieron por el Tratado de Utrecht.

El Gobierno de Picardo cambió en febrero su política hacia los 300 pescadores andaluces que faenan en esas aguas. Bajo el argumento de preservar los caladeros, el Gobierno de Picardo quiere hacer cumplir una ley gibraltareña del año 1991 sobre el tipo de redes que está permitido usar y las especies que se pueden capturar.