Izquierda Unida de Andalucía envía una carta a la militancia para ‘vender’ el paquete de recortes de Griñán. Argumenta que sin su apoyo habría nuevas elecciones
El coordinador general de IULV-CA y vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, ha dirigido una carta a la militancia de la federación de izquierdas en la que le traslada votar en contra del plan de ajuste en el Parlamento andaluz, que debe convalidar el próximo miércoles el decreto-ley aprobado por el Consejo de Gobierno, supondría que fuera "rechazado con los votos del PP-A y de IULV-CA, que se produzca la caída del Gobierno andaluz y que se convoquen elecciones anticipadas, facilitando una estrategia de desestabilización tan perjudicial como inoportuna".
En la misiva, fechada el pasado viernes 22, Valderas pide que no se juzgue la acción del Gobierno andaluz en sus primeros 46 días "por la aplicación de unas medidas de ajuste a las que IULV-CA se opone frontalmente", ya que deja claro que la federación de izquierdas "no quiere ajustes ni recortes y reniega de un sistema liberal que obliga a aplicar los recortes impuestos por el Gobierno central de forma injusta e indiscriminada".
"Frente a esta situación, IU podría entregar la llave del Gobierno a la derecha facilitando el despido masivo de funcionarios, el recorte de derechos y privatizaciones a todos los niveles, pero eso supera los límites admisibles que no vamos a dejar traspasar bajo ningún concepto", subraya el líder andaluz de IU, que anima a "expresar con toda rotundidad" que "no hay recorte impulsado por la Junta de Andalucía, sino que viene del Gobierno central".
Valderas reivindica que IULV-CA logró "paralizar" el pacto de ajuste en el Consejo de Gobierno "en un acto sin precedentes" para "evitar dañar las condiciones sociales de un sector de trabajadores de la función pública andaluza" habilitando un "plazo de negociación" que ha permitido introducir "mejoras" como que la rebaja salarial no afecte a empleados públicos con salarios inferiores a 1.000 euros netos; que la reducción de jornada y salario a interinos sea del 10 y no del 15 por ciento previsto inicialmente; que "no habrá privatizaciones de servicios ni de empresas públicas" ni tampoco "despidos en la administración autonómica"; que se reduzca el sueldo de los altos cargos en un 7,5 por ciento frente al 5 por ciento inicial; y que se recoja el compromiso de "reponer la merma en sus salarios a todos los trabajadores afectados en el horizonte de diciembre de 2013.
