El Gobierno de Griñán reconoce que no hay informes jurídicos que amparen el fraude de los ERE. Lo ha confirmado en el documento reservado de la Comisión de Investigación
La Junta de Andalucía reconoce en el informe complementario a la documentación solicitada por la comisión de investigación sobre los ERE que no hay constancia de la existencia de los informes preceptivos del gabinete jurídico para la firma de los convenios circunscritos a los convenios de los programas 22-E y 31-L durante el período 2001-2010.
Además, según las fuentes consultadas por El Confidencial Digital, el Gobierno de Griñán asegura que no les consta la existencia del informe del secretario general técnico sobre el procedimiento seguido para el registro y aplicación de los fondos percibidos por el IFA/IDEA mediante transferencias de financiación para las empresas en crisis y ayudas sociolaborales de las aplicaciones presupuestarias de ambos programas durante los mismos períodos anteriormente mencionados.
Por otra parte, la Junta afirma que no hay documentación de la tramitación del expediente administrativo del Convenio marco del 17 de Julio de 2001 que es el que dio amparo a la tramitación de los convenios específicos para la concesión de ayudas.
Desde el grupo parlamentario popular han pedido al presidente de la Comisión de Investigación, Ignacio García, que actúe y que garantice la comparecencia de todos los citados ya que, según apuntó, "algunos como Antonio Fernández son pieza clave para conocer de verdad lo que ha ocurrido en esta trama y su comparecencia puede ayudar a depurar las responsabilidades políticas de lo sucedido".
