La Federación de Bodegas del Marco de Jerez estudia el expediente de Competencia para decidir si emprende acciones legales contra el informe
La Federación de Bodegas del Marco de Jerez (Fedejerez) ha recibido ya la notificación del expediente sancionador abierto por la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) a los productores de vino de la denominación andaluza ante las sospechas de que bodegueros, viticultores y el propio Consejo Regulador han pactado los precios de los caldos, vulnerando así la ley de libre competencia. La Federación examina ahora el expediente sancionador para decidir si inicia acciones legales contra el mismo. La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) acusa al sector vinícola de la Denominación de Origen Vinos de Jerez de que «existen indicios racionales de la comisión de una infracción consistente en un acuerdo de fijación de precios en el mercado de la uva y mosto de Jerez». Actualmente la CNC investiga al Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Jerez-Xérès-Sherry, Manzanilla de Sanlúcar de Barrameda y Vinagre de Jerez, a la Federación de Bodegas del Marco de Jerez (Fedejerez), así como a COAG, Asaja y Aecovi. La Federación de Bodegas del Marco de Jerez ha explicado a El Confidencial Autonómico que es consciente de los plazos de este proceso que ahora se inicia, al tiempo que ha añadido que "ejercerá las acciones que sean necesarias para demostrar su inocencia ante los hechos por los que se incoa el expediente". Asimismo, desde la federación andaluza han aclarado que el expediente sancionador "no prejuzga de ninguna manera el fondo del asunto y por tanto que vaya a imponerse sanción alguna". Por su parte, el Consejo Regulador de la Denominación de Origen de Vinos de Jerez ha confirmado que también ha recibido el expediente sancionador de Competencia, aunque prefieren ser prudentes y evitar hacer valoraciones "hasta que se haya examinado a fondo el informe".
No es la primera vez que Competencia vigila de cerca la denominación de origen jerezana. Hace ocho meses, la CNC impuso una multa de 400.000 euros a la institución vinícola por acordar cupos de ventas en las bodegas que vulneraban la libre competencia entre marcas vinateras.
